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A la luz de la modificación de la redacción de la norma (que pretendía paliar las injerencias
competenciales que se habrían denunciado constitucionalmente en casos de estableci
-
miento de Impuestos de índole medioambiental por las Comunidades Autónomas balear
o catalana en las Sentencias del Tribunal Constitucional 289/2000 y 168/2004, respecti
-
vamente),
el Estado podrá establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por las
Comunidades Autónomas
(compensando la disminución de ingresos)
y las Comunidades
Autónomas podrán fijar tributos que recaigan sobre materias imponibles (no hechos impo
-
nibles) gravadas por los entes locales
(con la subsiguiente compensación).
Un ejemplo de este modelo de corresponsabilidad fiscal (en la relación entre Comunidades
Autónomas y Haciendas Locales) en el ámbito que estamos analizando es el
Canon por el
uso y aprovechamiento de carácter excepcional de suelo no urbanizable
creado por Comu
-
nidades Autónomas como Andalucía, Extremadura o Canarias y que se viene exigiendo con
la concesión para explotar los parques eólicos o las huertas solares para gravar los actos de
edificación, o construcción de obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola,
pecuaria, forestal o análoga en suelos que tengan el carácter de no urbanizable. En estos
casos, la normativa de creación procede de la Comunidad Autónoma mientras que los mu
-
nicipios tienen la competencia para recaudar y fijar los tipos de gravamen.
En este contexto de límites competenciales, las Comunidades Autónomas han debido bus
-
car su espacio a la hora de fijar impuestos en las materias imponibles que ya pudiesen estar
gravadas por parte de los municipios. Habitualmente, dichas medidas se han pretendido
dotar de un carácter medioambiental, por ejemplo, en los casos de creación de impuestos
sobre la producción de electricidad que vulneran la doble imposición y responden a una
finalidad exclusivamente recaudatoria al no tener naturaleza retributiva y referirse, en estos
casos, al mismo hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas.
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competenciales que se habrían denunciado constitucionalmente en casos de estableci
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miento de Impuestos de índole medioambiental por las Comunidades Autónomas balear
o catalana en las Sentencias del Tribunal Constitucional 289/2000 y 168/2004, respecti
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vamente),
el Estado podrá establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por las
Comunidades Autónomas
(compensando la disminución de ingresos)
y las Comunidades
Autónomas podrán fijar tributos que recaigan sobre materias imponibles (no hechos impo
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nibles) gravadas por los entes locales
(con la subsiguiente compensación).
Un ejemplo de este modelo de corresponsabilidad fiscal (en la relación entre Comunidades
Autónomas y Haciendas Locales) en el ámbito que estamos analizando es el
Canon por el
uso y aprovechamiento de carácter excepcional de suelo no urbanizable
creado por Comu
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nidades Autónomas como Andalucía, Extremadura o Canarias y que se viene exigiendo con
la concesión para explotar los parques eólicos o las huertas solares para gravar los actos de
edificación, o construcción de obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola,
pecuaria, forestal o análoga en suelos que tengan el carácter de no urbanizable. En estos
casos, la normativa de creación procede de la Comunidad Autónoma mientras que los mu
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nicipios tienen la competencia para recaudar y fijar los tipos de gravamen.
En este contexto de límites competenciales, las Comunidades Autónomas han debido bus
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car su espacio a la hora de fijar impuestos en las materias imponibles que ya pudiesen estar
gravadas por parte de los municipios. Habitualmente, dichas medidas se han pretendido
dotar de un carácter medioambiental, por ejemplo, en los casos de creación de impuestos
sobre la producción de electricidad que vulneran la doble imposición y responden a una
finalidad exclusivamente recaudatoria al no tener naturaleza retributiva y referirse, en estos
casos, al mismo hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas.
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