- La nueva propuesta de canon eólico genera inseguridad jurídica al incrementar la carga fiscal de los parques eólicos existentes con un enfoque retroactivo y afán recaudatorio.
- La subida del impuesto – con incrementos desde un 10% hasta más del 30% dependiendo del modelo de aerogenerador – altera la rentabilidad de los proyectos eólicos y condiciona las decisiones de inversión.
- La eólica lleva desde 2012 asumiendo un impuesto de discutible carácter ambiental mientras que coexiste con su entorno con normalidad. No tiene justificación modificar dicho impuesto salvo que se demuestre una alteración de dicha coexistencia.
- En un momento de crisis geopolítica en el que se necesita incrementar la aportación de la eólica al mix para aumentar la competitividad de nuestra economía y proteger la factura de los hogares, la subida del impuesto no contribuye a ello.
- La eólica es una herramienta de protección y ahorro, y no debe verse penalizada fiscalmente. La fiscalidad autonómica debe evaluarse en el contexto de las inversiones a largo plazo, la mejora de la competitividad de la economía, los objetivos de descarbonización y la necesidad de mantener una cadena de valor industrial competitiva.
El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 plantea nuevos tramos impositivos por aerogenerador y reduce la exención fiscal para las nuevas instalaciones. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte de que estos cambios fiscales encarecen los proyectos, condicionan la sostenibilidad financiera de las instalaciones en operación y pueden afectar a las nuevas inversiones de Castilla y León.
No se puede reclamar más energía eólica y, al mismo tiempo, dificultar las condiciones para invertir en ella. El cambio de régimen fiscal para las instalaciones existentes supone inseguridad jurídica y un cambio de las reglas de juego, que conllevaría desconfianza en el inversor.
La medida tiene claramente un efecto recaudatorio. Con la modificación presentada todos los parques eólicos en operación se verán perjudicados fiscalmente, muchos de ellos con años de funcionamiento coexistiendo con su entorno ambiental con total normalidad.
De aprobarse el nuevo canon eólico, todos los parques eólicos en funcionamiento pasarían de pagar 32,2 millones de euros a 35,8 millones de euros/año, lo que supone un incremento del 11,2 % sin que se encuentren argumentos motivados para ello. Además, para los aerogeneradores más modernos, que cuentan con mayores capacidades, crea 2 nuevos tramos con sus correspondientes cuotas: 14.000 euros/año por unidad para máquinas de entre 3 y 5 MW y 16.000 euros/año para las de más de 5 MW.
Su efecto sobre la rentabilidad de los proyectos será negativo y debería evaluarse antes de aprobar una modificación que puede alterar el marco regulatorio y las condiciones económicas bajo las que se planificaron las instalaciones.
En relación con los nuevos parques eólicos, la propuesta reduce de 5 a 2 años la exención total que, según el régimen anterior, disfrutaban los nuevos parques eólicos desde su puesta en marcha. Este cambio acorta el periodo de alivio fiscal en una actividad que requiere de inversiones intensivas en capital y plazos de desarrollo prolongados y con múltiples riesgos en el camino.
La repotenciación: una prioridad que necesita estabilidad e incentivos efectivos.
La repotenciación es una necesidad para la seguridad energética del país y una oportunidad estratégica para Castilla y León, ya permite sustituir equipos antiguos por tecnología más eficiente, con mayores capacidades tecnológicas y mayor producción mientras que se reutilizan infraestructuras y emplazamientos existentes.
El nuevo canon empeora significativamente las condiciones para llevar a cabo los proyectos de repotenciación respecto a la situación previa.
Una política fiscal coherente con la transición energética
En un contexto en el que España necesita avanzar en la electrificación, reforzar su competitividad industrial y aprovechar sus recursos renovables, las decisiones fiscales deben incorporar una evaluación rigurosa de sus consecuencias sobre la inversión y la actividad económica.
La fiscalidad debería ir en pro de reducir carga fiscal a las inversiones que descarbonizan y no añadir obstáculos que hagan menos atractivos proyectos capaces de generar empleo de proximidad, aumentar los ingresos en las arcas municipales y mejorar el rendimiento energético de las instalaciones existentes.
Desde la Asociación Empresarial Eólica consideramos necesario revisar los cambios propuestos para garantizar que el canon responda a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y coherencia con los objetivos de generación eólica. La actualización de un tributo no debe convertirse en una penalización de las instalaciones más eficientes ni desincentivar la renovación tecnológica de los parques existentes.
Castilla y León tiene la oportunidad de impulsar un modelo que combine desarrollo renovable, modernización tecnológica y beneficios locales. Para ello, necesita un marco fiscal previsible, proporcionado y alineado con esos objetivos.