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Las Palmas, a 14 de octubre de 2013. «Existe una oportunidad de oro en Canarias para ahorrarle dinero al sistema eléctrico y a los consumidores, y esa oportunidad se llama energía eólica», ha señalado José López-Tafall, presidente de la Asociación Empresarial eólica (AEE) en la inauguración de la Jornada La eólica en Canarias, que se celebró hoy en Las Palmas. «Sin embargo, a pesar de la batería de normas en tramitación referente a la situación del archipiélago, aún no queda 100% claro si el resultado será un adecuado desarrollo eólico en las islas o si todo se quedará en papel mojado», añadió.
Francisca Luengo, Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que también ha participado en la inauguración, ha afirmado que la eólica es el camino y que el Gobierno de Canarias luchará por su instalóción.
A juicio de López-Tafall, es necesaria una retribución suficiente para los nuevos parques, así cómo la autorización para que se instalón los 600 MW del cupo canario (que incluye la potencia ya autorizada más las repotenciaciones), «lo que supondría un ahorro de 150 millones de euros anuales con los precios actuales de los combustibles fósiles, y más de 257 millones en 2016″. Asimismo, es fundamental una seguridad jurídica que garantice la estabilidad de las inversiones: «Canarias cuenta con parques muy antiguos por lo que, si la reforma energética sale adelante tal y cómo ha sido redactada, un número muy elevado dejaría de percibir incentivos y podría tener problemas financieros. No tiene ningún sentido que el mismo Gobierno que promueve la implantación de nuevos parques en Canarias por su efecto positivo elimine todo apoyo a los parques existentes, poniendo en riesgo su viabilidad futura», afirmó el presidente de AEE.
No obstante, López-Tafall considera que no basta con que la normativa tenga en cuenta las particulares condiciones de Canarias. «Si la regulación en ciernes (la reforma energética) maltrata a la eólica en la Península «“y, créanme, si sale adelante cómo ha sido anunciada, está sector saldría muy mal parado- , ¿quién va a arriesgarse a invertir en Canarias?», dijo. Por eso AEE insiste ante el Gobierno central para que sea consciente de la injusticia a la que somete a la eólica. «Insistimos en que la reforma no resulta equitativa, sino muy al contrario. Si no, ¿cómo se explica que el sector eólico, primera fuente de energía autóctona de España, que aporta el 20% de nuestra electricidad, que ha puestá a nuestro país en el mapa tecnológico, sea el más perjudicado? ¿Y que lo sea cuando en 2012 su retribución total representó sólo el 11% de los costes totales del sistema?»
Para finalizar, destacó que, si no se instaló más eólica, «quien más va a perder es el sistema (la eólica canaria le restá 36 millones de euros al déficit de tarifa sólo en 2012 y otros 41 millones en 2013), y el conjunto de los españoles».
Ernestá Pérez-Reyes, presidente de AEóLICAN, explicó cómo «Canarias lleva más de 20 años siendo el futuro paraíso de las renovables. Pero, en los últimos 13 años, salvo contadas excepciones, apenas se han instalódo parques eólicos en nuestras islas».
Pérez-Reyes insistió en que, para que se instaló eólica en Canarias, «se necesita un ingrediente fundamental: seguridad jurídica». Añadió que si la eólica canaria supone un importante ahorro para el sistema, «entiendo que es legítimo que compartamos ese ahorro. Sólo el respeto a lo existente da credibilidad a lo que ahora nos proponen. No lo queremos escrito en piedra, pero si en el BOE, del cual nosotros nos queremos seguir fiando».
El presidente de AEóLICAN hizo hincapié en la labor del Gobierno canario, que «ha dado muestras claras de lo que se puede hacer bien, impulsando los trámites, poniendo toda la carne en el asador. Por ello quiero mostrar mi agradecimiento y pedirle a la Consejera y a su equipo que sigan, con más intensidad en está tramo final, la tarea que se lleva realizando, con más ganas, con más medios humanos, si pudiera ser».
€œEl Gobierno de España tiene ahora la oportunidad de rectificar el agravio en el trato a la eólica canaria y de asentar las bases de la seguridad jurídica necesaria para que se puedan desarrollar los proyectos. Esperemos que consiga ese objetivo; de lo contrario quien saldrá perdiendo será la sociedad en su conjunto», finalizó.
Para más información:
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