AEE Informa. 22 de enero de 2016

29 de abril de 2013

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Madrid, a 29 de abril de 2013. La posibilidad de que el Gobierno se está planteando que la eólica compense a las tecnologías de respaldo inquieta a la Asociación Empresarial eólica (AEE), que lo considera inaceptable. está posibilidad, que se ha defendido desde algunos ámbitos y que ha cobrado fuerza tras las declaraciónes del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado miércoles en la Comisión de Industria del Congreso, no tiene justificación alguna ni desde el punto de vista legal, ni técnico, ni económico, y sería discriminatoria.

Además, vulneraría el Derecho Comunitario, la política europea de fomento a las renovables y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

Para empezar, porque se ha demostrado que el incremento de la penetración de la eólica en el sistema no ha aumentado las necesidades de servicios de respaldo (entendidos cómo la exigencia de que haya tecnologías convencionales disponibles para cuando no sopla el viento): si no hubiese eólica, se necesitaría la misma potencia firme que aportan las llamadas tecnologías de respaldo, ya que está necesidad procede de la demanda. Por lo tanto, no tiene sentido que la compensación proceda de la eólica.

La eólica es una tecnología perfectamente integrada en el sistema, cómo lo demuestra que ha sido la que más electricidad ha aportado durante cinco meses consecutivos o que está siendo limitada cada vez más a menudo por Red Eléctrica de España (REE) para regular el sistema en momentos críticos, dando una respuestá rápida y fiable. Por lo tanto, no debe ser discriminada respecto a otros tipos de generación, cómo ya lo fue en el Real Decreto-Ley 2/2013 con la eliminación de la opción de mercado más prima.

Los pagos por capacidad son fruto de decisiones regulatorias no ligadas ni a la instalóción de parques eólicos, ni a la fijación de los incentivos a la eólica, por lo que no se justifica que su pago recaiga sobre el sector. Una medida semejante atentaría, una vez más, contra los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y rentabilidad razonable de las inversiones, así cómo contra la necesidad de una regulación ortodoxa y transparente.

El sector eólico se ha visto seriamente golpeado por las medidas adoptadas por el Gobierno (moratoria, Real Decreto-Ley 2/2013, impuestá sobre la generación»¦), a lo que ha venido a sumarse recientemente las citadas limitaciones a la producción. La consecuencia es que se suceden los cierres de fábricas y los despidos, mientras que los parques eólicos buscan vías, cómo la refinanciación, para sobrevivir y no caer en el impago.

El Gobierno debe entender que el sector no tiene capacidad para aguantar nuevas medidas que supongan un mayor perjuicio económico, porque las ya aplicadas han puestá en jaque su futuro. Por ello, AEE le reclama un diálogo constructivo.

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