El texto, que ahora pasa para su tramitación final en el Senado, se presenta como una herramienta que permitirá construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático, modernizar la industria española, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización. El proyecto de ley establece objetivos de reducción de emisiones, de renovables y de eficiencia energética que se sitúan por encima de aquellos asignados por la Unión Europea a España. Para Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “hoy es un día importante”, en el que se aprueba un proyecto de ley “enormemente ambicioso, reforzado en materia de gobernanza, de participación y de transparencia”.
Teresa Ribera ha celebrado la aprobación en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y su remisión al Senado, un texto que establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía en antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable.
Para Ribera, “hoy es un día importante, en el que se aprueba una ley de clima enormemente ambiciosa como resultado de un trabajo conjunto sobre el que todavía, seguro, queda margen para seguir mejorando en una trayectoria que no es lineal, sino que debe incrementarse progresivamente conforme vayamos alcanzando velocidad de crucero en el tiempo por venir, porque en el cambio climático llegamos tarde”.
La vicepresidenta ha querido subrayar que todos los grupos parlamentarios han venido trabajando en la definición de esta ley desde que el pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros la remitiera a la Cámara Baja. “Es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia, que se ha visto enriquecido gracias a las contribuciones de las distintas formaciones políticas, gracias a las aportaciones de sectores sociales y económicos muy diferentes, gracias a la ciencia”, ha manifestado.
Este proyecto de ley plantea cómo prepararnos para los impactos del cambio climático y cómo prevenir sus causas con herramientas de adaptación, anticipación y resiliencia. “Es prioritario asegurarnos de que todos los recursos públicos y privados son destinados al aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución de los costes asociados a los efectos climáticos con los que ya, desgraciadamente, convivimos”, ha insistido Ribera.
Asimismo, ha señalado que la nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.
La vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta. “Debe servir de marco institucional y de referente para dar certidumbre y estabilidad, y movilizar la acción climática”, ha remarcado.
Teresa Ribera ha recordado que el proyecto de ley marca objetivos cuantificados de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, que constituyen un mínimo inquebrantable porque se revisarán siempre al alza. Estos objetivos se sitúan por encima de aquellos objetivos asignados por la Unión Europea (UE) a España. El proyecto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge las medias y herramientas necesarias para poner en marcha la transición ecológica recogida en el proyecto de ley y que ha sido valorado de manera muy positiva por las instituciones comunitarias.
Participación del sector eólico
Desde el punto de vista de las enmiendas que presentó a la propuesta de Ley AEE a través de varios partidos políticos, cabe destacar que la relativa a la adopción de una fiscalidad verde ha sido incorporada en la “Disposición adicional séptima: Fiscalidad verde.” Por otra parte, el resto de enmiendas que se presentaron, al ser todas relativas al sector eléctrico, se han intentado orientar hacia una futura reforma del sector eléctrico a través de la “Disposición final decimoquinta: Reforma del sector eléctrico” que se deberá presentar el año que viene. El texto de la disposición acota en cierta medida el ámbito de la reforma prevista hacia aspectos que vayan en la dirección de la descarbonización:
“En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en ejercicio de sus respectivas competencias, presentarán una propuesta de reforma del marco normativo en materia de energía que impulse:
a) La participación de los consumidores en los mercados energéticos, incluida la respuesta de demanda mediante la agregación independiente.
b) Las inversiones en la generación de energía renovable variable y flexible, así como la generación distribuida.
c) El almacenamiento de energía.
d) El aprovechamiento de las redes eléctricas, el uso de la flexibilidad para su gestión y los mercados locales de energía.
e) El acceso de los consumidores de energía a sus datos.
f) La innovación en el ámbito energético.”
Unas metas más ambiciosas que las exigidas por la UE
Esta “ambición inquebrantable”, en palabras de Teresa Ribera, se ve reflejada, por un lado, en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura): España se compromete a una reducción del 39%, 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.
Asimismo, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.
“Sin duda, es un esfuerzo grande que merece la pena acometer y que siembra grandes oportunidades de innovación y de conocimiento”, ha afirmado Ribera, en referencia a “una ley que garantiza cauces de participación, de actualización y de mejora constante”. Una ley que es buena para todos, para las generaciones actuales y las futuras, para no dejar a nadie atrás, a ningún colectivo y a ningún territorio, para proteger la competitividad de nuestro tejido industrial y para proteger la biodiversidad. En definitiva, es un proyecto de país creíble en línea con la transformación y recuperación de la crisis del COVID en clave verde por la que apuesta la UE para todos los sectores de la sociedad.