El “Decreto Bollette 2026” (pincha aquí) busca intervenir el mercado eléctrico italiano para aliviar la carga económica a consumidores mediante la «esterilización» de los costes de CO2 y mecanismos como el «Energy Release 2.0». Esta propuesta, muy parecida a la ya derogada excepción ibérica (2022-2023), que desvincula el precio final del sistema ETS, entraña desafíos regulatorios europeos y posibles impactos en la rentabilidad de las inversiones renovables.
PRINCIPALES ASPECTOS DE INTERÉS DEL DECRETO BOLLETTE 2026:
- Eliminación de los costes de CO2: la medida más radical consiste en suprimir los cargos por emisiones de carbono (ETS) de las facturas eléctricas. El gobierno planea reembolsar a las centrales de gas por los costes de sus permisos de emisión, evitando que estos se trasladen al precio final pagado por hogares e industrias.
- Ayudas económicas directas: el decreto moviliza más de 3.000 millones de euros (algunas fuentes elevan la cifra a 5.000 millones en ayudas indirectas) para aliviar la presión sobre los consumidores y las empresas electrointensivas ante los altos precios de la energía.
- Fomento de renovables para la industria (“Energy Release 2.0”): se introduce un mecanismo donde las empresas con alto consumo energético pueden recibir electricidad a un precio controlado (unos 65 €/MWh) durante 36 meses. A cambio, deben comprometerse a construir nuevas instalaciones de energía renovable (solar, eólica o hidráulica).
- Cambios técnicos y despacho (TIDE): para 2026, Italia completará su transición hacia un modelo de precios zonales (en lugar de un precio nacional único) y reducirá los intervalos de ajuste del mercado a 15 minutos, facilitando la integración de energías renovables variables.
EL CAMBIO EN LA CONFORMACIÓN DEL PRECIO MARGINALISTA DE LAS INSTALACIONES DE GAS
El “Decreto Bollette 2026” introduce una medida diseñada para reducir el precio de la electricidad interviniendo directamente en el mecanismo del precio marginalista, específicamente intentando neutralizar el impacto de los costes de emisión de CO2 (sistema ETS).
Para entender la medida italiana, y su diferencia con la excepción ibérica, hay que tener en cuenta que el año pasado el 46,7% de la generación en su mercado fue con ciclos combinados, mientras que en España los CCGTs aportaron el 29% en 2022 (el año que más contribuyó). La relación entre el Decreto y el mercado marginalista se basa en la voluntad del gobierno de «desacoplar» el precio final de la energía de los costes ambientales que soportan las centrales de gas, que son las que suelen marcar el precio para todos los productores.
A continuación, se desglosan varios elementos a destacar:
- La intervención en el mercado marginalista
En el mercado eléctrico italiano, al igual que en el español, rige el sistema del precio marginal (Marginal Price System), donde el precio pagado a todos los productores se establece según la oferta de la planta más costosa necesaria para cubrir la demanda en un momento dado.
• Dado que casi la mitad de la energía nacional se produce en centrales de gas, estas suelen fijar el precio marginal, junto con las importaciones, todas las horas.
• Los costes de estas centrales incluyen tanto el combustible como la compra de derechos de emisión de CO2 en el sistema ETS.
• El Decreto Bollette 2026 prevé un mecanismo de reembolso a los productores termoeléctricos por una parte de los gastos de CO2 realizados. - «Esterilización» de los costes de CO2
El objetivo declarado de la medida es bajar el precio de la electricidad eliminando el componente del CO2 de las ofertas de los productores marginales (las centrales de gas).
• Mecanismo: El decreto introduce una especie de «tope al precio» (similar al modelo ibérico), donde el Estado reembolsa a las centrales los costes del CO2 para que estas puedan presentar ofertas más bajas en el mercado eléctrico.
• Impacto: Al reducir el coste de la planta marginal, baja el precio de toda la energía intercambiada en la bolsa eléctrica, beneficiando a empresas y consumidores.
• Recursos: Para esta y otras medidas de alivio, el decreto destina un total de más de 5.000 millones de euros para las empresas, con descuentos estimados en unos 6,8 euros por cada MWh consumido. - Críticas y puntos de fricción
A pesar del objetivo de reducir las facturas, la medida ha generado dudas importantes:
• Desplazamiento de costes y debilitamiento de la señal de precio: Algunos analistas advierten que la medida no elimina costes, sino que los traslada a las finanzas públicas o a otros componentes de la factura, actuando más como una redistribución que como una reducción estructural. Además, al comprimir los precios marginales del mercado, se erosiona la señal económica necesaria para invertir en tecnologías renovables. En Italia, la existencia de un sistema robusto de subastas CfD amortigua este efecto para nueva potencia renovable, pero en España, donde no hay subastas activas, podría suponer el bloqueo por completo de la entrada de nueva potencia renovable, afectando especialmente a la eólica por su alta exposición a precios nocturnos, con alta participación del gas en la formación de precios. El mismo deterioro de señales afectaría también al almacenamiento y al hidrógeno, que dependen críticamente de diferenciales de precios para ser viables, y podría incluso poner en riesgo la sostenibilidad económica de la nuclear. En la práctica, esto supondría frenar la expansión del mix descarbonizado, convirtiendo a los ciclos combinados, de facto, en la única tecnología capaz de aumentar su presencia en el sistema.
• Incertidumbre en los mercados: El Decreto ha provocado preocupación en los mercados financieros, con caídas en las acciones de empresas energéticas como Enel o A2A, debido a la incertidumbre sobre la estabilidad del marco regulatorio.
• Conflicto con la UE: El gobierno ha solicitado un debate adicional con la Unión Europea sobre el sistema ETS, calificándolo en algunos contextos como un «impuesto a las empresas» y pidiendo su suspensión o revisión profunda.