Se trata de la regulación más perniciosa que se ha dictado jamás en ningún país en contra del sector eólico. Se basa en unos estándares elaborados con criterios arbitrarios y que no se corresponden con la realidad del sector
Madrid, a 5 de febrero de 2014. El Gobierno español pasará a los anales cómo el que puso fin a la historia de éxito del sector eólico español con la regulación más regresiva jamás adoptada en España. La última pieza de la Reforma Energética, la propuestá de Orden Ministerial que fija los parámetros en los que se basará con carácter retroactivo la retribución de todos los parques eólicos, dejó sin retribución a toda la potencia instalada antes de 2005, el 37% del total. Se trata de la normativa más perniciosa que se ha dictado nunca en ningún país en contra del sector eólico, considerado un sector competitivo y de futuro en todo el mundo.
La eólica es, sin duda, la tecnología más penalizada por la Reforma, lo que resulta incomprensible e inadmisible, ya que percibe tan sólo el 25% de las primas y supone el 11,4% de los costes regulados del sistema, además de ser la primera fuente de electricidad de España y haber cumplido escrupulosamente los objetivos del regulador. Con está normativa, el Ejecutivo está penalizando tanto a las instalciónes más eficientes por haber logrado mejores resultados a lo largo del tiempo, cómo a las más antiguas e innovadoras, las que en su día se construyeron cuando la eólica era un sector de riesgo. Y aboca al sector a la deslocalización y venta de activos, así cómo a nuevos ajustes de plantillas.
La Asociación Empresarial eólica (AEE) considera que tiene que ser un error: no es posible que un Gobierno regule contra la primera fuente de electricidad del país, recortando de golpe el valor de las empresas del sector al condenarlas a una inevitable depreciación de sus activos, problemas de caja para hacer frente a las deudas, y dificultades incluso para refinanciar los proyectos. En cualquier país del mundo sería inadmisible que se pusiese en jaque el futuro de un sector que baja el precio del mercado eléctrico al evitar importaciones de combustibles fósiles, crea empleo y exporta tecnología, entre otros muchos beneficios para España y los españoles. Además, la eólica española ya tenía antes de la reforma la tercera retribución más baja de Europa. A partir de ahora, se situará a la cola del continente.
También sería inadmisible en cualquier país que una regulación de está calado se hiciese con semejante falta de transparencia, sin ningún diálogo entre el Gobierno y el sector, aplicando criterios arbitrarios y utilizando estándares que no se corresponden con la realidad del sector y que no se conoce de dónde salen.
De hecho, el Ejecutivo fija una rentabilidad razonable del 7,39% antes de impuestos, frente al 9% despué de impuestos que utiliza la Comisión Europea en sus escenarios para que se hagan las inversiones necesarias para cumplir los objetivos de consumo a travé de energías renovables de la UE a 2020 y 2030. También se encuentra por debajo de la rentabilidad razonable fijada en la planificación y normativa anterior (Plan de Energías Renovables, Real Decreto 436/2004 y Real Decreto 661/2007), bajo la que se instalóron los casi 23.000 MW eólicos instalados en España.
Además, no hay que olvidar que hay otra serie de normas contenidas en la Reforma Energética que también tendrán un impacto económico en la eólica: la eliminación del complemento por energía reactiva supondrá que, sólo en 2014, la eólica dejará de ingresar 140 millones de euros. El borrador de real decreto sobre pagos por capacidad y mecanismos de hibernación obligaría a la eólica a financiar una parte de estos costes regulados. Además, se baraja que el sector asuma parte del coste del servicio de interrumpibilidad. Y la eólica deberá hacer frente también a una parte de los desvíos del déficit de tarifa si estos se producen, tal y cómo prevé la Ley 24/2013.
En definitiva, el impacto será a todas luces desproporcionado.
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