Rocío Sicre, presidente de AEE, pide al Ejecutivo que reconsidere la posibilidad de una tasa del 11% sobre la generación eólica.
Madrid, a 18 de julio de 2012. «El eólico ha sido siempre un sector dialogante y constructivo, que le ha tendido la mano al Gobierno para plantear conjuntamente la hoja de ruta del sector. Eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses pero, en vez de escucharnos, parece que el Ejecutivo está barajando medidas que pueden ser el golpe definitivo para la eólica», ha afirmado hoy Rocío Sicre, presidente de la Asociación Empresarial eólica (AEE), en una rueda de prensa celebrada en Madrid. «La tasa del 11% que se está planteando sobre la facturación del sector sólo se entiende si alguien ha hecho mal los números y se ha equivocado».
A su juicio, una tasa de estas características sería de «dudosa legalidad». El establecer un tributo que grave de un modo general e indiscriminado la producción de energía eólica podría solaparse, además de con el Impuestá sobre Electricidad, con algunos impuestos autonómicos de carácter medioambiental que ya gravan la producción de energía eléctrica.
Sicre ha detallado el impacto económico que tendría un impuestá semejante para el sector: le costaría unos 3.000 millones de euros, reduciría la rentabilidad de los parques un 30%, y alrededor del 15% de las instalciónes en marcha no podría hacer frente al pago del servicio de la deuda desde el primer momento, entre otras cosas.
€œestá supondría ir contra la Ley del Sector Eléctrico, que dejó muy claro que ha de respetarse el principio de rentabilidad razonable. Atentaría contra la seguridad jurídica, porque supone romper las reglas del juego a mitad de partido. Y supondría la quiebra definitiva de la confianza de los inversores, nacionales e internacionales, por lo que aumentaría el riesgo país», ha dicho la presidente.
La eólica es ya la tecnología que soporta una mayor presión fiscal ya que, a los impuestos comunes a las demás tecnologías (como son los estatales y los municipales), hay que añadir los cánones que se aplican en algunas comunidades autónomas. España está entre los países europeos en los que la eólica soporta una mayor carga fiscal.
«El sector eólico ya ha hecho sacrificios en el pasado, y puede seguir haciéndolos siempre que sean justos y consensuados», ha señalado Sicre. Pero ha añadido que «la cuerda ya no se puede tensar más».
La presidente ha hecho hincapié en que España necesita más que nunca sectores productivos y creadores de empleo que impulsen la salida de la crisis económica y cambien el modelo económico del país de cara al futuro. «El sector eólico es un modelo: ha crecido siempre de acuerdo a los objetivos, es un referente a nivel mundial, crea riqueza y empleo, reduce las importaciones de combustibles fósiles, exporta tecnología y es la imagen tecnológica de España. Por eso hay que salvar a la eólica».
Sicre ha pedido al Gobierno que se replantee las medidas fiscales que está barajando. «Todos los países de nuestro entorno apuestan por la eólica y todos los analistas la señalan cómo la tecnología clave en cualquier mix eléctrico moderno». Si la tasa sobre la generación eólica sigue adelante, «el sector usará todas las vías legales a su alcance para luchar por su supervivencia».
En la misma línea se ha pronunciado hoy Christian Kjaer, consejero delegado de EWEA, la Asociación eólica Europea, que insta al Gobierno español a que reconsidere su postura: «Europa mira con asombro y preocupación la propuestá del Gobierno español de introducir un impuestá discriminatorio a la generación de energía eólica. Tal impuestá destruirá puestos de trabajo en el país, dañará a empresas eólicas españolas líderes mundiales y sentará un mal precedente para los gobiernos de Europa y del restá del mundo. cómo tal, representa una amenaza para la industria eólica».
Kjaer ha citado al comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, que en abril afirmó que la energía renovable no debe ser el chivo expiatorio de la crisis. «Lamentablemente, está es precisamente lo que el Gobierno español parece estar haciendo», al imponer «un impuestá discriminatorio a una industria nacional líder mundial que podría llevar a una pérdida de ingresos fiscales para empresas y empleados, dañando el crecimiento económico que España necesita tan desesperadamente. No tiene ningún sentido».
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