El sector eólico llama la atención sobre la inseguridad jurídica que provocan las denuncias medioambientales contra parques que cumplen la ley

28 de julio de 2011

Las denuncias contra parques eólicos que cuentan con la declaración de Impacto Ambiental (DIA) en regla preocupa al sector. Dado que los denunciantes no pueden alegar incumplimiento de las normas ambientales ni de la DIA ni presentar pruebas concluyentes, las denuncias se refugian en defectos de forma, lo que genera inseguridad jurídica.

€ Ante el cumplimiento de la ley por parte de las empresas, las denuncias se centran en su mayor parte en defectos de forma
” AEE considera que está situación genera inseguridad jurídica para el sector y pone en riesgo importantes inversiones
” Llama la atención sobre los perjuicios que dichas denuncias pueden ocasionar al sector y a la sociedad

Madrid, 28 de julio de 2011.- Las denuncias contra parques eólicos que cuentan con la declaración de Impacto Ambiental (DIA) en regla preocupa al sector. Dado que los denunciantes no pueden alegar incumplimiento de las normas ambientales ni de la DIA “”documento realizado por la Consejería de Medioambiente que detalla todas las restricciones que cada proyecto debe cumplir para preservar el entorno”” ni presentar pruebas concluyentes, las denuncias se refugian en defectos de forma cuando pretenden paralizar la construcción o funcionamiento de un parque, lo que genera inseguridad jurídica en el sector.

Ante está situación, la Asociación Empresarial eólica (AEE) llama la atención sobre los perjuicios que puede ocasionar no sólo para el sector eólico, sino también para la sociedad, está falta de seguridad jurídica. Entre otras cosas, se ponen en riesgo, innecesariamente, inversiones importantes, así cómo los beneficios medioambientales (producción de energía limpia, sin emisiones de CO2, entre otros) y socioeconómicos (generación de riqueza y empleo para las comunidades) que étas implican.

“Una anulación de la validez jurídica de las DIAs abriría la puerta a una total indefensión ante la ley de todas las empresas que han desarrollado obras o instalciónes en base a estas autorizaciones. Acabaría afectando a obras pasadas, en ejecución y futuras, con una grave afección sobre la economía y el empleo”, afirma Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de AEE.

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