El sector eólico español expresa su estupefacción ante la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Ruña III. Aunque cabe recurso ante el Tribunal Supremo, su alcance genera un riesgo significativo y estructural para la seguridad jurídica de los proyectos eólicos en Galicia.
- El sector reclama una interpretación jurídica de la regulación que permita a las empresas afrontar los proyectos sin la erosión actual, sin los daños patrimoniales que están soportando y sin el desorden jurídico-regulatorio que les está ahogando. Galicia es un territorio donde la inversión en energía eólica no cuenta con seguridad jurídica.
Después de 3 años de una asfixiante trama judicial, surge un nuevo argumento sorpresa: la obligatoriedad de tramitar el proyecto eólico junto con su línea de evacuación. Cuando este parque se tramitó, la ley en vigor en Galicia permitía tramitar por separado las líneas de evacuación de los proyectos de generación. Específicamente, la tramitación ambiental del parque eólico afectado en esta sentencia contemplaba los efectos sinérgicos con la citada línea de evacuación, además del resto de parques existentes en la zona. Sobre este asunto ya se ha manifestado el Tribunal Supremo avalando la tramitación de proyectos eólicos en situaciones similares.
El TSXG con esta sentencia obliga a retramitar el proyecto del parque eólico, que ya había obtenido autorización ambiental y de construcción bajo un proceso avalado por el TJUE de Luxemburgo, con la justificación de que debe analizarse en conjunto con una línea de evacuación, cuando dicha línea de evacuación ya existe y está en funcionamiento.
Por otro lado, la cuestión sobre la distancia del parque eólico a una zona de Red Natura – de 4,5 km mínimo – ya fue evaluada al obtener la autorización ambiental. Si en dicha evaluación, el órgano ambiental, que es la autoridad ambiental y tiene las competencias y conocimientos técnicos y científicos, hubiera detectado algún riesgo que no fuera mitigable, previsible o compensable, no hubiera otorgado una declaración ambiental positiva.
Por cada año de retraso en la instalación de los parques en desarrollo en Galicia y afectados por esta judicialización se dejan de crear 2.750 empleos y más de 6.300 millones de inversión. Por supuesto, otra consecuencia nefasta para el futuro de Galicia es la ubicación de industrias consumidoras en otras comunidades autónomas, con la consiguiente no creación de empleo industrial gallego. Esta dinámica destructiva, si no se desbloquea, abocará a Galicia a un retroceso industrial y de empleo de calidad, y sentenciará a muchos núcleos rurales a seguir sufriendo un deterioro con tendencia a la despoblación por no disponer de fondos que les permitan prosperar.
El compromiso del sector eólico con Galicia sigue intacto: queremos seguir generando valor, empleo, innovación y oportunidades en los municipios rurales donde operamos. Pero tenemos que avanzar con certezas y esta sentencia recuerda la urgencia de un marco regulatorio sólido y coherente con los retos que afrontamos como país. Como sector continuaremos facilitando un diálogo permanente entre administraciones, sectores económicos y sociedad, para asegurar un despliegue de la eólica ordenado, sostenible y compatible con la biodiversidad.
España se ha comprometido a acelerar el despliegue de energías renovables como palanca de competitividad industrial, reducción de emisiones y generación de empleo en el territorio. La eólica es hoy la primera tecnología del mix eléctrico español, representa un sector industrial estratégico en Galicia —con miles de empleos directos e indirectos y una sólida cadena de valor local— y es esencial para garantizar precios de electricidad más competitivos para hogares y empresas.
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Foto de Michael Schrave.
Sobre AEE
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Con más de 350 empresas asociadas, incluye a promotores, fabricantes de aerogeneradores y componentes, asociaciones nacionales y regionales, organizaciones ligadas al sector, consultores, entidades financieras y aseguradoras, entre otros. Su objetivo es la representación de un sector industrial que emplea a más de 40.000 profesionales en España, cuenta con 276 centros industriales y es la primera tecnología del sistema energético español, cubriendo el 23% de la demanda y representando el 24% de la potencia en el mix energético.