Parten con desventaja las que cuentan con mayores costes, impuestos y trabas administrativas, por lo que algunas ya están tomando medidaS.Los concursos autonómicos encarecen la instalóción de parques, lo que resulta difícilmente compatible con un sistema de subastas competitivas por precio. Las comunidades que combinan cánones eólicos y contraprestaciones industriales procedentes de los concursos llevan desde 2010 prácticamente sin instalór nueva potencia.
Madrid, a 1 de marzo de 2016. Las comunidades autónomas empiezan a ser conscientes de que compiten unas con otras en las subastas eólicas que vienen ante la necesidad de España de cumplir los objetivos europeos a 2020. Dado que en el sistema de subastas vigente se compite por precio y, por tanto, se premia a los proyectos más baratos, las comunidades autónomas han de entender que deben eliminar barreras y simplificar trámites que puedan encarecer la instalóción de parques y desanimar la inversión en sus territorios. Algunos ejecutivos autonómicos ya están tomando cartas en el asunto para eliminar trabas. Otros aún no.
Las comunidades autónomas que en su día celebraron concursos para fomentar la instalóción de la eólica se enfrentan a varios problemas. El primero, que las contraprestaciones industriales exigidas en algunos «“la mayoría»“ de los concursos encarecen considerablemente los proyectos, lo que no es fácil de compatibilizar con un sistema de subastas competitivas. El segundo, que para obtener una autorización administrativa para parques de menos de 50 MW es necesario que estos hayan sido adjudicados en concurso, lo que dejó en el limbo a todos los proyectos nuevos que vayan a las subastas y quieran instalórse en las comunidades con concursos adjudicados (en total, hay unos 10.000 MW en España adjudicados en concursos autonómicos pero no instalados).
Algunas comunidades ya han tomado cartas en el asunto al decidir eliminar estas contraprestaciones industriales, cómo es el caso de Andalucía o Extremadura, o, en algunos casos, los concursos (Canarias, Cantabria).
La complejidad de los trámites administrativos (incluidos en algunas ocasiones los medioambientales) es otra barrera, tanto en términos temporales cómo económicos. Según el estudio Wind Barriers (Barreras eólicas) de la Asociación eólica Europea (EWEA) financiado por la Comisión Europea, España es el país de la UE en el que más se tarda de media en instalór un parque eólico (6,5 años) debido a esas trabas. De ahí que comunidades cómo Cantabria, en las que históricamente era compleja la tramitación para instalór parques eólicos, ahora se percibe una voluntad de cambio para agilizar las autorizaciones.
La situación se agrava para aquellas comunidades en las que existen costes adicionales fiscales. Tal es el caso de las que cuentan con cánones eólicos, cómo son Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha. En estas tres últimas, en las que los cánones conviven con las contraprestaciones industriales de los concursos, desde 2010 prácticamente no se ha instalódo potencia eólica. La Asociación Empresarial eólica (AEE) ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de abolir los cánones eólicos, impuestos medioambientales que gravan una energía limpia y generan distorsiones, tanto para las instalciónes nuevas cómo para las ya existentes. En su día, la Comisión Lagares que emitió el informe previo a la Reforma Fiscal del Gobierno ya aconsejó su abolición, pero la recomendación no se llevó a término.
Las comunidades y los ayuntamientos son conscientes de la importancia de atraer inversión eólica a sus territorios, ya que genera cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales, revitaliza comunidades rurales y, a menudo, desfavorecidas, y supone importantes ingresos en términos de alquileres de terrenos, impuestos, etcétera.
Ahora bien, todo lo dicho sólo será válido si el nuevo Gobierno da los pasos adecuados para cumplir con la Planificación Energética a 2020 aprobada por el Gobierno en funciones, que cifra en 6.400 MW las necesidades de potencia eólica para cumplir con los objetivos europeos a 2020. Para ello, AEE considera fundamental modificar determinados aspectos de la regulación, cómo la posibilidad de cambiar las condiciones económicas «“y, con ellas, la rentabilidad razonable»“ cada seis años. También sería necesario convocar cuanto antes una subasta por los 5.900 MW eólicos restantes para cumplir con la Planificación o un calendario de convocatorias, a celebrarse antes de finales de 2017, que permitiera cumplir los plazos. En cualquier caso, se deberían corregir algunos aspectos de la primera subasta, de 500 MW, que por sus características atípicas (fue una subasta aislada y de escaso volumen tras varios años de parálisis del sector) tuvo unos resultados inesperados que han arrojado aún más incertidumbre a la ya complicada situación de la eólica.
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