El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado iniciar la tramitación urgente del Anteproyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, minorando la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras puestas en servicio con anterioridad a la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión.
En primer lugar, desde el sector eólico queremos mostrar nuestro reconocimiento a la acción climática y energética impulsada por el Gobierno y, particularmente, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha situado a la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático en el centro de la agenda política de nuestro país y de la recuperación y transformación económica. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Ley de Cambio Climático, o el nuevo mecanismo de subastas son un ejemplo de las decisiones que han dado credibilidad a España para atraer inversiones en energías renovables.
No obstante, queremos manifestar nuestra inquietud por las consecuencias que este nuevo Anteproyecto de Ley pueda implicar para el fomento de las nuevas inversiones renovables necesarias para el cumplimiento del PNIEC, como motor de la recuperación económica de nuestro país. Asimismo, mostramos nuestra preocupación por la situación de las instalaciones eólicas existentes ya que, con el transcurso del tiempo, podría verse afectado hasta un 30% del parque eólico español actualmente en operación.
Los parques eólicos afectados, los parques pioneros, se instalaron en España desde mediados de los años 90 en un contexto de creciente alarma sobre el problema climático y gradual definición de los instrumentos. Las inversiones fueron realizadas bajo la visión de que invertir en renovables ofrecería un valor añadido a futuro mayor que invertir en otro tipo de tecnología energética. Tuvieron que asumir mayores riesgos tecnológicos y operativos, de gestión e integración en el territorio, y de integración en el sistema eléctrico, en una época en la que la situación de las renovables en España no se parecía en nada al escenario actual y contaba con mucha más incertidumbre. Vienen generando energía limpia desde más de 20 años, aportando un servicio ambiental a la sociedad, habiendo evitado un enorme volumen de emisiones de CO2 desde entonces.
Es sabido que la vida de las instalaciones eólicas ha sido azarosa con el paso del tiempo. Estas inversiones se apoyaron inicialmente en un esquema retributivo regulado que les garantizaba una visibilidad de ingresos para toda la vida útil. Posteriormente, sufrieron diferentes cambios regulatorios hasta terminar, después de tres reformas, en una situación de total exposición a las condiciones de mercado, habiendo disminuido los ingresos percibidos en hasta un 40% sobre los ingresos inicialmente fijados en la regulación. El Anteproyecto de Ley plantea un panorama todavía más complejo para estas instalaciones.
El principio de un precio único de la energía eléctrica en cada mercado que refleje el precio del CO2, es un pilar básico del Mercado europeo interior de electricidad y del Mercado de derechos de emisión. Es la forma en que las tecnologías emisoras y no emisoras compitan en igualdad de condiciones una vez internalizados los costes ambientales. Algo particularmente importante para tecnologías como la eólica que, con inversiones sustanciales en los últimos años, ha contribuido a aumentar la competencia en el mercado eléctrico y a descarbonizar la matriz de generación; y que debe continuar haciéndolo en los próximos años, para que las previsiones del PNIEC se cumplan.
Muchas de las instalaciones existentes se verán adicionalmente afectadas por el hecho de haber gestionado el riesgo de variabilidad del precio del “pool” eléctrico a través de distintos instrumentos financieros y comerciales (contratos de cobertura, acuerdos de compra de energía -PPAs -, etc.), basados en la diferencia entre el precio del pool y el precio pactado, y que el Anteproyecto de Ley no contempla.
Ante esta situación, desde el sector eólico queremos trabajar para encontrar una solución consensuada que no penalice las inversiones eólicas ni el funcionamiento de los mercados eléctricos, a la vez que se avanza en Europa en articular las medidas para moderar los precios de los mercados de forma conjunta y coordinada. Para todo ello, el sector aportará todo su conocimiento y esfuerzo en pro de progresar hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos y acelerar la recuperación económica de nuestro país.
La Asociación Empresarial Eólica es la voz del sector eólico en España y defiende sus intereses. Con más de 230 empresas asociadas, representa a más del 90% del sector en el país, que incluye a promotores, fabricantes de aerogeneradores y componentes, asociaciones nacionales y regionales, organizaciones ligadas al sector, consultores, abogados y entidades financieras y aseguradoras, entre otros.